Comunicado de Prensa

¡REPRESIÓN AL PUEBLO DE TINOGASTA!

Siendo aproximadamente las 14:30 horas del día de hoy, la Policía de Fiambalá, Catamarca, reprimieron a los asambleístas de Tinogasta que sostienen el corte selectivo e informativo desde el 29 de enero pasado, bloqueando el Paso Internacional San Francisco con el objetivo de impedir contra el paso de camiones con insumos para las megamineras de Catamarca y otras provincias cordilleranas. Tres asambleístas fueron brutalmente golpeados y llevados por las fuerzas represivas y por más de una hora mantuvieron oculto su paradero. El comisario Vergara es el responsable del operativo en el que virtualmente fueron secuestrados los tres detenidos. 10 efectivos policiales en 2 camionetas fueron utilizadas en el operativo. Fueron golpeados y les tiraron gas pimienta. Después escoltaron a los tres camiones mineros que fueron “liberados” tras la represión.”

Sale a la luz hace minutos que los tres compañeros están en carácter de detenidos en la comisaría de Fiambalá, distante a 50 km de Tinogasta, y quedaron a disposición de la fiscal Álvarez, de Tinogasta, la misma que ordenó la sanguinaria y tristemente recordada represión del 10 de febrero del corriente.

La Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua continúa con su bloqueo informativo y repudia con todas sus fuerzas la violencia ejercida desde el aparato estatal, el cual defiende los intereses de las empresas transnacionales ante los reclamos de los pueblos.

Una vez más los intereses económicos de unos pocos priman, de la mano de la violencia, sobre los intereses de las mayorías, quienes no nos cansamos de luchar en defensa de nuestro territorio y por nuestra vida.

Responsabilizamos al Estado en sus tres niveles por esta represión y le exigimos tanto al gobierno provincial como al nacional, como así también a la justicia provincial, que cesen las agresiones hacia los pueblos.

Los vecinos de Tinogasta continuaremos con nuestro bloqueo informativo y seguiremos reclamando que se vayan las mineras de nuestros territorios.

Repetimos: continuamos con la guardia informativa más firme que nunca y en hermandad con los otros pueblos de la provincia y del resto del país, con quienes estamos en continua coordinación.

Los pueblos unidos reafirmamos, Fuera Bajo La Alumbrera y las empresas mineras que operan en el Dto de Tinogasta, Nunca jamás Agua Rica, ni una mina más.

¡NO PASARÁN!

Contactos:

pablojoseromero@hotmail.com

msutinogasta@hotmail.com

Teléfonos de Contacto: 03837-15-478847
03837-15-402065
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Comisaria de Fiambala: (03837) 496021

Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua de Tinogasta

ONU: Duro informe por situación de indígenas en Argentina

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales denunció el incumplimiento de la legislación indígena, cuestionó las fumigaciones con agrotóxicos, los desmontes e instó al Estado frenar la violencia contra pueblos originarios.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU) cuestionó al Estado argentino por los desalojos y la violencia contra comunidades indígenas, denunció la violación de la Constitución Nacional respecto de derechos territoriales y la Ley 26160 (suspensión de desalojos), llamó la atención respecto al avance minero sobre pueblos originarios y se mostró “preocupado” por el avance de los desmontes, la soja transgénica y los agrotóxicos sobre territorios indígenas.

“El Comité está preocupado sobre las persistentes amenazas, los desplazamientos y los desalojos violentos de pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias”, denuncia el Comité de la ONU en su último informe, presentado en la primera semana de diciembre. También destaca que “lamenta los defectos en procesos de consulta” para con comunidades indígenas que, en “algunos casos”, llevó a la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas.

El Comité DESC denunció que, en lo que respecta a territorios indígenas, en Argentina se registra la “violación de la Constitución (artículo 75) y del Convenio 169 de la OIT”. Reconoció “preocupación” porque la Ley Nacional 26.160 (suspende desalojos y ordena el relevamiento catastral de territorios comunitarios) no se aplica “plenamente” y asegura que existen “demoras” en la entrega de títulos a las comunidades. “El Comité insta al Estado que garantice la aplicación plena y coordinada de la Ley, tanto a nivel federal y provincial”, destaca.

“El Comité está particularmente preocupado por las consecuencias negativas de la explotación de litio en Salinas Grandes (provincias de Salta y Jujuy) sobre el medio ambiente, sobre el acceso al agua y sobre el modo de vida y subsistencia de las comunidades indígenas”, puntualizó en el punto IX del informe. Se refiere al reclamo de 33 comunidades kolla y atacama que rechazan la instalación de empresas en el ancestral lugar de trabajo y vida de los pueblos indígena.

Además de la minería, el duro informe aborda otra industria extractiva. “El Comité está preocupado sobre casos en los cuales el creciente empleo de pesticidas químicos y siembra de soja transgénica en regiones tradicionalmente habitadas o utilizadas por comunidades indígenas han afectado negativamente a estas comunidades”, afirma y reconoce su “preocupación” porque esas prácticas agrícolas dificultan a las comunidades indígenas mantener la agricultura tradicional, “y como consecuencia resulta un importante obstáculo para el acceso a una alimentación segura, adecuada y accesible”. También cuestiona “el aumento de los desmontes que ha forzado pueblos indígenas a dejar territorios”. El Comité recomendó al Estado que “asegure la completa puesta en práctica” de la Ley que Bosques.

Argentina es un alumno aplicado respecto al modelo de agronegocios. El monocultivo de soja abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultiva del país. El último año se aplicaron 190 millones de litros del cuestionado agrotóxico glifosato. En la actualidad, en Argentina se producen 100 millones de toneladas de granos. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA, del gobierno nacional), pretende aumentar un 60 por ciento (llegar a las 160 millones de toneladas) para 2020. Lo que implica, siempre según el oficial PEA, avanzar sobre nueve millones de hectáreas (pasar de las actuales 33 millones a 42 millones). Avanzarán sobre territorios campesinos e indígenas.

El 16 de noviembre pasado, en Santiago del Estero, asesinaron al campesino Cristian Ferreyra, de 23 años, por resistir el avance empresario sobre territorio ancestral. Fue el corolario de represiones denunciadas por Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), donde militaba Ferreyra. En Argentina hubo cuatro asesinatos de campesinos e indígenas en sólo dos años (el diaguita Javier Chocobar en Tucumán, Sandra Ely Juárez en Santiago y el qom Roberto López en Formosa).

El 2 de diciembre fueron presentadas en Ginebra (Suiza) las recomendaciones ante la ONU. “El Comité está preocupado sobre casos en los cuales las fuerzas de seguridad y agentes públicos o privados, han recurrido a represalias y al empleo desproporcionado de la fuerza contra personas que participan en actividades de defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular en el contexto de discusiones sobre la tierra”, sentencia.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité comenzó a funcionar en 1985 y depende del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Los estados deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos. El Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones a los estados. Además de la realidad rural, aborda las políticas públicas respecto a hábitat, condiciones de trabajo, mortandad materna y embarazo adolescente, e igualdad de género, entre otros aspectos.

El informe rescató como hechos positivos la sanción de la leyes nacionales de Migración (25871, en 2004), de Educación Nacional (26075, en 2006, que asigna el seis por ciento del PBI a educación), de Salud Mental (26657, en 2010), de Matrimonio Igualitario (26618, en 2010), de Glaciares (26639, también en 2010).

El anterior informe del Comité había sido en 1999. El próximo será en 2016

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'Las escuelas mataron a las lenguas indígenas y no están capacitadas para devolverlas'

El docente avá guaraní Víctor Tolaba, de la Comunidad Che Paravete de la provincia de Jujuy, critica la aplicación de la Educación Intercultural Bilingüe. Habla de la falta de preparación de los maestros, de los agentes educativos desconocidos por las instituciones, del saber linguístico de las familias indígenas, y de la importancia de generar un sistema de enseñanza para todas las culturas presentes en Argentina.
Muchos maestros o profesores comprometidos con las realidades de alumnado proveniente de pueblos indígenas intentan desde la educacion pública revigorizar las lenguas y culturas originarias, sin embargo se encuentran con las limitaciones propias de un sistema que, si bien tuvo avances, muchas veces responde a la lógica ideada por Domingo Faustino Sarmiento en el siglo XIX (“homogeneizar la población con el racismo solapado de los directivos o con sus propias restricciones por desconocer en profundidad las cosmovisiones ancestrales. Esta cuestión se presenta a pesar de que en Argentina se reconoce la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y existen diversas instituciones en el país que trabajan bajo esta modalidad.En diálogo con Indymedia, el educador Víctor Tolaba cuestiona la aplicación de la EIB: “no se implementa, hay mucha repitencia y deserción escolar y puedo hablar de algunos casos donde hay maltrato psicológico”. “Si no se aplica es porque no es suficiente, no está bien clara”, explica el referente de la Comunidad Che Paravete ubicada en la localidad de Barro Negro, departamento de San Pedro.

“La escuela ha hecho lo que quiso con nuestros niños y jóvenes”, dice Víctor, y precisa: “ha sido la generadora de extirpar las lenguas indígenas, la causante de los suicidios lingüísticos en toda nuestra Argentina y en muchos países de Latinoamérica”.

Categórico, el maestro originario afirma: “la escuela es aquella que está preparada hasta hoy en día para matar a todas las lenguas indígenas. Y no está preparada, bajo ningún sentido, para devolver las lenguas indígenas, para nada”.

Uno de los problemas fundamentales para él es que los docentes no están capacitados. “No entienden la lengua indígena, entonces cómo van a explicar”, argumenta, y ejemplifica con la situación de su pueblo originario: “Las materias pilares son lengua y literatura, y matemática. Como (…) no sabe la contabilidad guaraní, baja los contenidos hegemónicos que él ha aprendido. No es traducir la matemática, es otra forma de contar. El docente termina clasificando con notas hegemónicas que son ajenas a nuestros pueblos y con contenidos que también son ajenos”.

“No niego que haya buena voluntad de gente que está trabajando, pero falta”, agrega, y alerta: “Espero que se haya dejado de golpear, a mi y a otros chicos (…) nos golpeaban porque no entendíamos esa forma de matemática”. Esta situación de hostigamiento era aún más habitual en tiempos de su madre, que hoy tiene sesenta años, y fue expulsada de la escuela cuando era niña. Ella hoy está enseñando como capacitadora no formal en un establecimiento de una comunidad guaraní. Algo de a poco está cambiando, a pesar de todas las dificultades.

Víctor explica que fuera de la institución, las comunidades tienen sus “agentes educativos”. “Están los sabios, los ancianos, los mismos padres que trabajan con la agricultura u otros poco que están pescando o cazando. Es otra forma de educar”, agrega. “Parece ser que la sabiduría está en un aula de 4 por 4 y no está ahí”.

El saber lingüístico actual de las familias indígenas es desconocido por los colegios. “Hay chicos que son trilingües porque hay familias que se han juntado; por ejemplo kolla con guaraní, avá guaraní con los tupí o los tapiete, entonces tienen otros sonidos u otra forma de hablar”, describe. Sin embargo, a juicio del educador guaraní, “la escuela ha ignorado todo este saber, toda esta planificación familiar que han hecho las mujeres, los padres, que viene construida desde muchos años”.

Para Víctor la idea detrás de la modalidad EIB debería ser el diálogo. “Hoy parece que hablar con un indio es hablar con alguien que no sabe, y todo lo contrario, sabe mucho”. Sin embargo, “cuando hay ignorancia parece que hay miedo y cuando hay miedo se usa el poder”. En las aulas hoy puede haber paraguayos, bolivianos, chilenos... ¿Cómo llegamos a ellos? "Entendiéndose, no imponiendo un modelo único del Estado. Somos una diversidad, aquí estamos indios y no indios. Tiene que haber una educación para todos”.

Tolaba continúa: “ya no se puede hacer una vereda para el karai (blanco) y la calle para el indígena. Es retroceder muchos años. Hay que hacer un intercambio de conocimientos, de sabidurías y de fundamentaciones propias, que tienen que ver con el estar bien, con el buen vivir, con sensibilizarse y sentirse con el otro, con no despreciar”.

Por ejemplo: en su pueblo, si llega alguien de afuera, “le damos de comer, se puso cómodo, descansó y después le preguntamos recién quién es usted. En cambio aquí (en la ciudad) hay rejas, hay puertas, no podemos tener ese diálogo”, explica. “¿Nosotros cuándo hemos negado el diálogo? Nuestros pueblos ya somos interculturales y pluriculturales”, concluye.

Entrevista realizada en el marco de las Jornadas de Lenguas y Culturas Indígenas llevadas a cabo el miércoles 5 de octubre en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

- Contacto: cheparavete@yahoo.com.ar
- Más información:
Ponencia de Víctor Tolaba en el II Congreso de laS LenguaS (2007)



Fuente: Pueblosarg.indymedia.org